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Derechos de residencia.
Las estrategias demográficas de Israel - restricciones a la residencia y políticas de vivienda - con respecto a los palestinos jerosolimitanos tienen dos objetivos: 1) separarlos de los palestinos de Cisjordania y 2) que se vayan de la ciudad con objeto de consolidar a largo plazo una mayoría judía.
Hasta el día de hoy, cualquier palestino no clasificado por el gobierno de Israel como residente permanente en Jerusalén Este -incluida esposa, hijos y otros familiares residentes permanentes en Jerusalén Este- debe solicitar reagrupación familiar para residir allí legalmente. La decisión de conceder o denegar estas solicitudes, según la ley israelí, la toma a discreción el Ministerio del Interior que no está obligado a justificar la negativa.
Israel utiliza una serie de métodos discriminatorios para controlar el número de palestinos residentes legalmente en la ciudad. La confiscación de tarjetas de identidad con cualquier pretexto burocrático es uno de ellos. Los instrumentos de que se sirven son la Ley de 1952 de Entrada a Israel y el Reglamento de 1974 de Entrada a Israel, por medio de las cuales se regula la residencia en Israel. Pero hay disposiciones restrictivas que no se aplican a los judíos residentes permanentes, o a los ciudadanos israelíes en general, sino sólo a los palestinos jerosolimitanos. Son las siguientes:
Si se quiere viajar al extranjero se debe obtener de Israel una visa de reingreso, de lo contrario se pierde el derecho al retorno.
Si se mantiene o solicita residencia o ciudadanía en otro país se pierde el derecho de residencia en Jerusalén. Esta política se refiere a una decisión de diciembre de 1995, del Ministerio del Exterior, según la cual para la obtención del estatuto de residente permanente hay que probar que “el centro de vida” se encuentra dentro de los límites municipales de Jerusalén. Entre 1995 y 1999 más de 3.000 personas perdieron sus tarjetas de identidad por este motivo. En marzo de 2000, Sharansky, el entonces ministro del Interior, presentó una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Justicia para suspender esta política y restaurar algunos derechos de residencia que habían sido revocados.
Si se permanece en el exterior durante más de siete años se pierde el derecho de residencia. En 1996 el gobierno israelí decidió que cualquier jerosolimitano que viviera más de siete años en el territorio de Cisjordania perdería su derecho como residente israelí.
Si se quiere registrar a los hijos como residentes en Jerusalén, sólo es posible hacerlo si el padre posee una tarjeta de identidad de Jerusalén en vigor. La consecuencia de esta norma son los innumerables casos de hijos de parejas residentes “ilegales” en Jerusalén “no registrados” y a los que, por lo tanto, se les niegan los derechos a la educación y a la salud; y a que muchas mujeres jerosolimitanas sean obligadas a abandonar la ciudad.
Los matrimonios de cónyuges no residentes – procedentes de Cisjordania, Franja de Gaza, o del extranjero– para poder vivir legalmente con su cónyuge en Jerusalén deben solicitar reunificación familiar. La mayoría de estas solicitudes son denegadas sin ninguna justificación.
La política israelí de "deportación silenciosa" en Jerusalén Este -por medio de sentencias de tribunales, y tácticas legales y administrativas- ha dado lugar, desde 1967, a la revocación de más de 8.200 tarjetas de identidad de residentes palestinos en Jerusalén Este. Esta cifra no incluye a los hijos de aquellos que han perdido su tarjeta de identidad. Según las estadísticas recogidas por B’Tselem, en 2006 fueron revocadas alrededor de 1.360 tarjetas de identidad a los palestinos de Jerusalén, más que en cualquier otro año desde 1967 y con un aumento del 500% con respecto al número de revocaciones de 2005.
En octubre de 2000, algunos días antes del estallido de la segunda Intifada, Israel impuso una nueva política: congelamiento de las solicitudes de reunificación familiar.
En mayo de 2002, el gobierno israelí oficialmente decidió detener el procesamiento de todas las solicitudes de reunificación familiar presentadas por palestinos no jerosolimitanos.
El 31 de julio de 2003, la Knesset aprobó, por 53 votos contra 25, un proyecto de ley para impedir que los palestinos que se casen con ciudadanos israelíes reciban la ciudadanía israelí o el estatus de residente permanente, lo que significa la prohibición de residir en Israel o Jerusalén. La ley se convertiría en una enmienda a una cláusula de la Ley de ciudadanía, referente a la reunificación familiar [20] y se aplica con carácter retroactivo. El pretexto para esta política es la “seguridad” pero la verdadera razón es demográfica: se trata de evitar el mayor crecimiento de la población árabe en Israel.
También son afectados los niños nacidos de los residentes permanentes en los territorios ocupados pues únicamente son reconocidos como residentes en Israel por medio de una solicitud de reunificación familiar aprobada, sin embargo todas las solicitudes fueron congeladas en mayo de 2002.
El 21 de julio de 2004, la Knesset votó a favor de extender la Ley de ciudadanía por seis meses más. El 14 de mayo de 2006, el Tribunal Supremo de Israel ratificó la ley. Aharon Barak, presidente del Tribunal calificó la decisión como una violación de los derechos humanos, pero estaba en minoría de seis contra cinco que sostenían que “era apropiado limitar los derechos humanos con objeto de mejorar la seguridad de Israel”.
Según la última versión de la Ley, sólo las mujeres palestinas mayores de 25 años y los hombres mayores de 35 tienen derecho a reunirse con su cónyuge en Israel. Se tiene intención de extender las zonas seleccionadas en la ley, más allá de las zonas controladas por la Autoridad Palestina, a otras regiones con las que Israel se encuentra en conflicto, por medio de un proyecto de ley que impida una segunda renovación cuando expire el plazo de aplicación, en enero de 2007 . La Ley se ha vuelto a prorrogar más recientemente, en julio de 2008.
Se estima que si Israel volviera a empezar a tramitar las solicitudes de reunificación familiar aplicando la cuota establecida en el año 2000 (4.000 por año) se necesitarían por lo menos 30 años para procesar las más de 120.000 solicitudes acumuladas [21].
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