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Para empezar, los palestinos de Jerusalén son considerados como israelíes residentes y no como ciudadanos, y están sometidos a la ley, la policía y los tribunales israelíes.

Presupuesto municipal, impuestos e infraestructuras.

Los habitantes árabes de Jerusalén son el 33% de los residentes en la ciudad pero en 2003 sólo se destinó a ellos el 11,72% del presupuesto. Por ejemplo, recibieron sólo 12,1% del presupuesto de bienestar social aunque su tasa de pobreza es más del doble que la de los residentes judíos; 14,75% del presupuesto de educación; 8% para servicios de ingeniería; 1,72% para sociedad y juventud; 1,6% para deporte; 1,2% del presupuesto de cultura y arte; y nada para asuntos religiosos, tutela, seguridad, estacionamiento, o asimilación [40].

Los barrios israelíes de Jerusalén tienen calles pavimentadas, agua y alcantarillado, recogida de basuras, escuelas, parques y normativa de construcción para un desarrollo ordenado de la ciudad. Sin embargo los barrios palestinos adolecen de falta de alcantarillado, escasez de 1.500 aulas (unas 50 escuelas), prácticamente no hay áreas verdes, y un plan de urbanismo, todavía pendiente de aprobación, que permita a los residentes construir viviendas en su propia tierra. Aunque ambas poblaciones pagan impuestos municipales, los palestinos, que son más del 35% de la población de Jerusalén, disponen sólo de alrededor del 10% del presupuesto municipal para servicios [41].

Otra diferencia se refleja en la tasa de pobreza: 68% entre la población árabe, en comparación con el 27% entre la población judía de Jerusalén, (o 77% y 39% respectivamente en el caso de los niños que viven en la pobreza) [42].

Además los palestinos están sometidos a un sistema fiscal injusto, por ejemplo, el impuesto “arnona”, que les obliga a pagar las mismas tarifas que sus homólogos israelíes cuyo ingreso per cápita es aproximadamente ocho veces superior. El impuesto arnona incluye impuestos residenciales -dependiendo del barrio, la calidad y el estado del edificio, y de su tamaño-, impuestos a las empresas cuya propiedad comercial se clasifica por tamaño y no por la actividad económica o los ingresos. En las mejores zonas (zonas A) el importe promedio de la arnona es de 245 NIS por m². La presión fiscal de la arnona ha obligado a cerrar a muchas empresas palestinas, especialmente dentro y en los alrededores de la Ciudad Vieja.

Igualmente injusto es el tratamiento del Instituto Nacional de Seguros con los palestinos de Jerusalén: sistema de salud y bienestar social cuyas prestaciones incluyen mantenimiento de los ingresos, sustitución de pagos, asignaciones por hijo, pensiones, prestaciones por maternidad, y rehabilitación. Los palestinos -a diferencia de los judíos- tienen que demostrar su residencia en Jerusalén, y hasta que el INS no comprueba la veracidad de las reclamaciones no se pagan las prestaciones. Alrededor del 70% de las reclamaciones investigadas son finalmente aprobadas (B’tselem). El 7 de abril de 2002, el gobierno israelí aprobó una propuesta de revisión de la Ley Nacional de Seguros para que las familias de los palestinos que murieron como consecuencia de los ataque de Israel no fueran excluidas de los derechos de huérfanos y viudas.

El INS también investiga si los niños cuyos padres son reconocidos como residentes reúnen las condiciones para el seguro de salud. Estos niños permanecen sin seguro de salud hasta que se completa la investigación. Médicos por los Derechos Humanos estiman que en la actualidad hay unos 10.000 niños en Jerusalén Este que no están cubiertos por los seguros de salud.

Educación.

El sistema educativo en Jerusalén Este está dividido en “escuelas públicas”, mantenidas por la Municipalidad de Jerusalén pero con un sistema educativo árabe separado, y escuelas no municipales, que son propiedad y están administradas por las iglesias, el Waqf en coordinación con la Autoridad Palestina, u organismos privados, y prestan servicios a aproximadamente el mismo número de alumnos.

Los planes de estudios en Jerusalén Este son jordano-palestinos (frente al israelí) y no promueven la integración de los palestinos en la sociedad israelí, ni en el mercado de trabajo, ni preparan a los alumnos para los estudios superiores en instituciones israelíes.

Los palestinos en Jerusalén Este tienen estatus de "residente permanente" en Israel, lo que les otorga los mismos derechos sociales reconocidos a todos los ciudadanos, incluido el derecho a la educación pública. La Ley Israelí de Educación Obligatoria exige que todos los niños estén matriculados en la escuela y que asistan a ella. Sin embargo, en la actualidad, sólo aproximadamente la mitad de los niños palestinos de Jerusalén asisten a la escuela pública, mientras que varios miles de ellos tienen que pagar una educación privada, no oficial, asistiendo a las escuelas Waqf, o simplemente no asistiendo a la escuela.

En agosto de 2001, la Corte Suprema de Israel dictaminó que la Autoridad Educativa de Jerusalén debía matricular a todos los niños en edad escolar aún cuando no se dispusiera de aulas para escolarizarlos. También en 2001, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Jerusalén Oeste se vieron obligados por la Corte a asignar fondos para ese fin, y para construir 245 aulas más en los siguientes cuatro años. Sin embargo, en la actualidad sólo aproximadamente la mitad de los niños de Jerusalén Este -unos 39.400 de los 79.000 en edad escolar- estudia en el sistema escolar municipal. A la otra mitad se le ha denegado el acceso a la educación pública gratuita y asiste a escuelas privadas, no oficiales, gestionadas por las iglesias, la Waqf, las Naciones Unidas, u otros grupos palestinos. En muchas de estas escuelas los estudios son muy caros. Aproximadamente 9.000 niños en edad escolar no se encuentran matriculados en ninguno de los sistemas mencionados [43].

Según las cifras de 2006 de la Autoridad de Educación de la Municipalidad de Jerusalén Oeste, en Jerusalén Este actualmente hay funcionando 163 instituciones educativas públicas, 96 de las cuales son guarderías infantiles (94 para niños de 5 años y 2 para niños menores de cinco años); 48 escuelas primarias y secundarias, y 19 escuelas de educación especial. Además funcionan 76 instituciones educativas no oficiales reconocidas, 55 de las cuales son guarderías y 21 escuelas primarias y secundarias. Más de 10.000, de los 65.000 niños de todas las instituciones de Jerusalén Este, asisten a una de las 21 escuelas no oficiales reconocidas, que son establecimientos privados con licencia del Departamento de Educación No Oficial Reconocida del Ministerio de Educación israelí, y la mayoría son gestionadas por organizaciones sin ánimo de lucro [44].

Según el PCBS, en 2006-2007 había 30.609 alumnos palestinos en escuelas no municipales, en la Jerusalén anexionada por Israel; de ellos, 9.006 asistía a una de las 29 escuelas del gobierno; 3.647 a una de las 7 escuelas de la UNRWA; 14.161 a alguna de las 37 escuelas privadas; y 3.795 a guarderías privadas [45].

En el año escolar 2006-2007, estudiaron en el Sistema Árabe de Educación de Jerusalén 76.066, de ellos 55.066 en escuelas municipales (incluidos 14.105 que lo hicieron en escuelas no oficiales reconocidas). El número de alumnos en las escuelas municipales árabes aumentó en un 66%, pasando de 33.200 en 2001-02 a 55.066 en 2006-07 [46].

Transporte.

En enero de 2004, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Jerusalén y la organización “Plan Maestro para el Trasporte en Jerusalén” lanzaron un proyecto de transporte público para los barrios rurales. En 2006, el número de viajes diarios alcanzó los 4.461 y el número de viajeros, 85.000. Para el año 2007, circulaban en Jerusalén Este 269 autobuses (249 pequeños y 20 grandes) que proporcionaron 5.778 plazas, en 330 paradas de autobús, una cuarta parte de ellas con marquesinas [47].

El proyecto de tren ligero es “vendido” como una necesidad ecológica y económica para disminuir la congestión en Jerusalén y como un proyecto beneficioso y útil para las colonias judías y para algunos barrios palestinos. No hay duda de que se trata de proporcionar comunicación entre las colonias de Jerusalén Este y el centro de la ciudad de Jerusalén Oeste [48].

El plan en su totalidad está en contradicción con la Ley Internacional que estipula, entre otras cosas, que "todas las medidas adoptadas por Israel para modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional, o el estatuto de los territorios palestinos, incluido Jerusalén, no tienen validez legal [49].

Observatorio de Jerusalén Este
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